¿Es o no constitucional la reforma al Articulo 48 de la LFT?

Articulo por Licenciado en Derecho Julio Cesar Ramos Garcia

¿O VA ENCAMINADA A PROTEGER LOS INTERESES DE UNA DE LAS PARTES?

Como es de conocimiento de todos el pasado 31 de noviembre del año 2012, se dio a conocer por parte de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social a través del Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaba el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), misma que entró en vigor el día 1 de Diciembre del mismo año, dentro de los aspectos que se modificaron se encuentra el reducir o limitar el “PAGO DE SALARIOS CAIDOS HASTA POR UN PERIODO MAXIMO DE 12 MESES”.

Ahora bien y para mejor entendimiento de los efectos que trae la reforma al artículo 48 de la Ley Federal antes mencionada, es importante conocer el estado que guardaba dicho precepto hasta antes de la reforma, el que se encontraba de la siguiente manera.

“Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. “

Era evidente y claro que conforme a lo estipulado por dicho artículo el patrón al resultar responsable del despido injustificado y fuera condenado a pagar al trabajador mediante el laudo que recayera el juicio, la prestación correspondiente a los “SALARIOS CAIDOS”, este tenía la obligación de pagar la cantidad que se hubiese acumulado durante el periodo de tiempo que hubiese transcurrió desde la fecha del despido hasta la fecha de su reinstalación, es decir que tenían la obligación de pagar hasta el 100 por ciento de salarios caídos, sin importar si el juicio haya durado uno, dos o diez años, este cubriría el total de lo acumulado, pues ha quedado acreditado que la responsabilidad que dio origen a dicho juicio es entera del patrón y no del trabajador, por lo que es justo que este cubra dicha cantidad, por ser producto de su responsabilidad o negligencia.

Ahora la interrogante seria esto ¿era inconstitucional?

Pues conforme a la valoración de la corte este artículo no era inconstitucional pues no viola ningún derecho del trabajador, pero entonces cual fue la razón por la cual tuvieron la necesidad imperiosa que los obligo a realizar dicha modificación que aun que esta considerara que la modificación no viola los derechos de los trabajadores, y mucho menos transgrede el principio de progresividad. Pues la razón es porque en la mayoría de los casos, las condenas eran excesivas al grado de causar un daño económico irreparable al patrón que en algunos casos les causa la quiebra de las empresas o la imposibilidad de poder continuar con la función de generar empleos.

Pues al entrar en vigor dicha reforma los trabajadores que resultaban vencedores en un juicio de esta naturaleza únicamente tenían derecho al pago de lo siguiente:

“…Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior…”

Entonces, si la corte considero que no violaba los derechos de los trabajadores el reducir de manera drástica el pago de tal prestación, también lo es que es su obligación el obligar a las Juntas de conciliación y Arbitraje a ser más efectivas en relación a los tiempos, pues estas en su mayoría se excusan (por la carga de trabajo) al señalar audiencias en lapsos de tiempo muy separado y como consecuencia hacen que los juicios duren años, causando un desgaste físico y económico al trabajador, y de esta manera se trasgrede el principio que se refiere a la impartición de justicia que dice que la “IMPARTICION DE JUSTICIA SERA PRONTA”

Elba

Licenciado en Derecho Julio Cesar Ramos Garcia
Catedrático en la Universidad Ejecutiva del Estado de México